Por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Buscamos la adhesión legislativa al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

PROYECTO 10.522 

DE DECLARACIÓN

EXPTE.D-104/17

NEUQUÉN, 16 de marzo de 2017 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN DECLARA:

Artículo 1o De interés del Poder Legislativo a los actos institucionales, políticos y sociales a realizarse en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en repudio a la dictadura cívico-militar, a cuarenta y un años del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976.

Artículo 2o Que reivindica la tarea —admirada en el mundo— de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo como un símbolo indiscutido de la lucha y la resistencia pacífica que enfrentó casi en soledad a la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

Artículo 3o La plena vigencia de la consigna memoria, verdad y justicia, y su compromiso permanente con la consolidación de la paz social y la democracia, los que sólo encontrarán su realización en el irrestricto respeto a las instituciones, los Derechos Humanos y el pluralismo político, a efectos de lograr el desarrollo y plena vigencia de los derechos consagrados en la Constitución.

Artículo 4o Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial; al Congreso de la Nación Argentina; al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia; a los concejos deliberantes de la Provincia; al Obispado de Neuquén, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)y a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. 

FUNDAMENTOS  

Dada la importancia que reviste el 24 de Marzo en la historia Argentina, el Congreso de la Nación promulgó, el 2 de agosto de 2002, la Ley 25.633 creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y en el año 2006 es declarado feriado nacional mediante la Ley 26.085.
El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado derrocaba el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Donde la junta de comandantes de las tres Fuerzas Armadas asumió el poder político, imponiendo el terrorismo de Estado como forma de gobierno, dejando de lado la Constitución Nacional y las leyes y derechos. Llevando a cabo un plan de persecución y exterminio contra la población civil. Cuyo accionar dejó 30.000 desaparecidos junto a graves consecuencias económicas y sociales.
A 41 años se recuerda a las víctimas del “Proceso de Reorganización Nacional” con el que se autoproclamó la última dictadura militar y que duró desde el año 1975 hasta el año 1983. El Día de la Memoria como feriado nacional debe ser un día de reflexión, recogimiento y meditación para que nunca más suceda un hecho semejante en nuestra historia.
En esos años el gobierno de facto impulsó la persecución, la tortura, el secuestro y la desaparición física de personas por motivos políticos, sociales y religiosos en el marco de lo que se conoce como la guerra sucia en Argentina. Además, se llevó adelante un plan sistemático de apropiación de niños, muchos de los cuales eran nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención, robados en operativos o en forma deliberada. En un Estado donde la violación y supresión de identidad era política de Estado.
No menos trágica operación realizaron sobre la economía nacional, persiguiendo a los movimientos obreros. Avanzando en una economía concentrada, sin derechos laborales, ni convenios salariales, ni debate sobre la distribución del ingreso.
Así, la junta militarizó la economía a favor del gran capital concentrado y prepararon el terreno para la imposición de la apertura económica sin restricciones como lo exigían las corporaciones con la complicidad de la Embajada norteamericana que monitoreaba el tristemente Plan Cóndor, es decir, la represión coordinada en todo el cono sur americano.
Más adelante en el tiempo, el 27 de octubre de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas informó públicamente su decisión de declarar como arbitraria a la privación de libertad de la señora Milagro Sala y solicitó al Gobierno argentino su liberación inmediata. El Grupo de Trabajo tomó en consideración las presentaciones realizadas por los organismos de Derechos Humanos peticionantes, Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (ANDHES) y el Centro de Estudios Legales y Sociales, del mismo modo que las presentaciones realizadas por el propio Estado argentino, que incluyó informes de la Cancillería argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy. Del mismo modo, el Grupo de Trabajo solicitó al Estado argentino que informe sobre la fecha de liberación de Milagro Sala, sobre si habrá algún tipo de reparación, sobre la presunta existencia de violaciones de los derechos de Milagro Sala.
El Grupo de Trabajo ha considerado que la detención arbitraria de Milagro Sala vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, ambos instrumentos con rango constitucional para el ordenamiento jurídico argentino, por cuanto se comprende que el incumplimiento de dicha resolución por parte de un organismo de las Naciones Unidas como la presente, llevaría al Estado argentino a incumplir con el derecho internacional y el sistema legal nacional.
Asimismo, como se mencionó anteriormente, el Estado argentino otorgó entidad competente al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria toda vez que remitió al mismo informes y comunicaciones en el proceso llevado a cabo por el organismo internacional.
Por tanto, el desconocimiento de tal decisión por parte de las Naciones Unidas podría conllevar una riesgosa actitud contraria a las responsabilidades internacionales asumidas por la Argentina en diversos pactos y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos, algunos de ellos, con rango constitucional.
Más allá de las diferencias entre el hecho pasado que rememoramos y el actual que exponemos, una actitud reflexiva respecto de nuestra realidad presente, nos obliga a reconocer y alertar sobre la coincidencia evidente entre la flagrante y pública violación de los derechos constitucionales que sucedió por aquellos años y la que nuevamente se suscita por estos días.
La Ley 25.633 no sólo instituye el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sino que nos interpela íntimamente para defender y sostener estos valores para continuar luchando por una patria libre, justa y soberana.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Fdo.) CARNAGHI, Guillermo Oscar - PARRILLI, Nanci María Agustina - BERTOLDI, Javier César - GUTIÉRREZ, María Ayelén —Bloque FPVPROV—.